EN SANTIAGO ATITLAN, OTRA VEZ EL TERROR

EN SANTIAGO ATITLAN, OTRA VEZ EL TERROR.
Factor Méndez Doninelli.
Guatemala, 05-01-08

Las familias residentes en el municipio de Santiago Atitlán, en las aldeas de Cerro de Oro y San Antonio Xacayá y en los cantones Panabaj y Sanchaj del departamento de Sololá, continúan viviendo bajo terror, casi recreando los mismos escenarios que vivieron durante 36 años de conflicto armado interno, en constante amenaza a sus vidas, integridad y seguridad personal y la de sus bienes, esta vez a causa de las acciones llevadas a cabo por grupos armados ilegales que se autodenominan de “limpieza social”, integrados -según denuncian los afectados- por presuntos vecinos de esas mismas comunidades que gozan del beneplácito de algunas autoridades civiles, como elementos de la policía nacional civil local. Esta situación no es nueva, desde el año 2007 los medios y comunicadores socializaron la denuncia, la Procuraduría de los Derechos Humanos hizo una investigación y autoridades de gobierno conocieron sobre la situación, pero hasta ahora la intranquilidad social se mantiene en esos lugares.

Lo grave es que esos grupos armados siguen actuando, provocando miedo e incertidumbre, enviando volantes y cartas a los residentes, con amenazas de muerte, de secuestros y extorsiones. Las cartas van acompañadas de fotografías que muestran el arsenal de municiones y de armas tipo AK-47 que suelen utilizar para amedrentar a los pobladores. Las extorsiones a cambio de recibir seguridad van desde 5 mil hasta 20 mil quetzales.

“La población está aterrorizada” me confesó un residente y según cuentan los afectados, también hay ejecuciones extrajudiciales de algunos vecinos, a quienes se sindica de ser presuntos integrantes de estos grupos armados. Los hechos más recientes fueron el secuestro, tortura y ejecución de Felipe Sapalú Choy (30) y Alejandro Choy Ajcot (23), detenidos por desconocidos en la aldea Xacayá. Sus cuerpos torturados aparecieron hace pocos días cerca del puente del río Nahualate jurisdicción de Mazatenango. En el 2007, desconocidos dieron muerte con arma de fuego al ex comisionado militar Francisco Sol Ajcot, en Santiago Atitlán, a quien los vecinos sindicaban como presunto jefe de uno de esos grupos autodenominados de limpieza social.

Lo que está sucediendo en estas comunidades del altiplano occidental guatemalteco, también sucede en otros departamentos y municipios del país, donde grupos organizados de civiles realizan acciones de “limpieza social” en contra de grupos de pandilleros y de supuestos delincuentes, sin que hasta hoy las autoridades responsables de la seguridad de las personas, puedan controlar estos extremos.

Para el caso, nadie ignora la existencia de al menos 150 de esos grupos -integrados por 30 personas cada uno- que patrullan en las 17 aldeas del municipio de San Juan Sacatepéquez, departamento de Guatemala, con la supuesta tarea de controlar a los pandilleros y miembros de las maras, quienes -según justifican estos grupos- extorsionan a los propietarios de más de 3 mil negocios del lugar, exigiéndoles el pago de 100 quetzales semanales. La PDH ha señalado que estos grupos de civiles se extralimitan en sus funciones y que algunos podrían tener responsabilidad en la desaparición y muerte de presuntos pandilleros, hecho que se repite con frecuencia.

Durante el conflicto armado interno, la organización de grupos de civiles que funcionaron como estructuras paralelas a los cuerpos de seguridad del Estado fueron parte de la estrategia contrainsurgente y contribuyeron al desgarre del tejido social y comunitario, provocando además graves abusos y violaciones a los derechos y libertades fundamentales de las personas.

Primero fueron las funestas patrullas de autodefensa civil PAC y los comisionados militares quienes hicieron parte de las temidas estructuras paralelas que durante todo ese tiempo sembraron la muerte y el terror entre las etnias y las comunidades. Ahora, después del conflicto armado interno, otra vez la estrategia gubernamental de seguridad ha puesto los ojos en la organización comunitaria, con la idea de actuar en conjunto con la policía para vigilar las comunidades y con eso llevar seguridad y tranquilidad a sus habitantes.

Lo incorrecto de esta estrategia es que se ha endosado a la población una tarea exclusiva de la fuerza policíaca, además de que muchos de estos grupos organizados han escapado al control de las autoridades. En varios casos están integrados por policías, autoridades municipales, agentes al servicio de las fuerzas armadas o ex movilizados de los grupos insurgentes, quienes por eso mismo tienen conocimiento de armas y de su uso, cuentan con infraestructura, con medios logísticos y también con protección para que sus actos queden impunes.

En mi opinión, el clima de inseguridad pública que se vive en el país no es sólo herencia del conflicto armado interno, su causa principal son las condiciones estructurales que provocan marginación, discriminación, altos índices de desempleo, miseria, déficit en el acceso a la educación, salud, vivienda, alimentación y salario. Tales condiciones impiden la realización de los derechos humanos y son caldo de cultivo para estimular la conducta delincuencial.

No es aceptable que autoridades de Estado y de gobierno, consientan y toleren la existencia y actuación de grupos civiles armados o desarmados de apoyo a la seguridad ni de ningún otro tipo. Esa práctica contrainsurgente común en el periodo del conflicto armado interno, ha sido retomada por los gobiernos civiles, incluyendo el del presidente Berger. De conformidad con la información que recibí de vecinos de Santiago Atitlán, durante el gobierno recién pasado, presuntamente se facilitaron armas y logística a los grupos que allí actúan; se dijo también, que miembros de la anterior administración municipal de ese municipio, promovieron y protegieron las acciones de estos grupos ilegales.

Las nuevas autoridades del país, deben investigar estos hechos y tomar muy en cuenta que siguen sucediendo y que favorecen el clima de intranquilidad social y familiar. El presidente Álvaro Colom y su equipo de seguridad del Estado, principalmente el ministro de Gobernación, tienen que tomar control de estas situaciones anómalas. Si la decisión de los actuales gobernantes es continuar la línea de apoyarse en la organización comunitaria para fortalecer la seguridad pública, es imprescindible ejercer un estricto control sobre estos grupos de civiles y llevar un escrutinio riguroso de sus actos. La misma fortaleza debe mostrarse para vigilar la conducta de los agentes de la PNC puesto que es bien sabido, que con su aquiescencia, los grupos comunitarios de seguridad, de limpieza social o de delincuencia común cometen fechorías y abusos, como los que ahora observamos en San Juan Sacatepéquez y en Santiago Atitlán.

Documental: "Santiago Atitlan"