PUEDE SALIR EL TIRO POR LA CULATA...

Lic. Luis Felipe Linares López





Con salario mínimo a cargo de las municipalidades puede salir el tiro por la culata.

El costo de la mano de obra barata no es el factor principal para localizar las inversiones.

El presidente Colom ha reiterado recientemente su propuesta de que el salario mínimo sea fijado por las municipalidades. Esto, supuestamente, permitiría fijar un salario acorde a las realidades locales. Se lograría, por ejemplo, que en San Mateo Ixtatán o Barillas se instalen maquilas y otras actividades productivas, atraídas por un salario menor, digamos Q30 diarios, en lugar del salario mínimo agrícola de Q47 diarios, que rige actualmente. Puede ser que, en el fondo, el Ejecutivo pretenda eludir el supuesto costo político que tiene la fijación del salario mínimo, endosándole la tarea a los alcaldes. Pero a mi juicio, su fijación por las municipalidades es improcedente, tanto por razones de orden jurídico como práctico, en las cuales seguramente no se ha reparado.

En lo jurídico, no sería suficiente con reformar el Código de Trabajo. Guatemala ratificó el Convenio 131 de la OIT sobre la fijación de salarios mínimo, que prohíbe reducir los salarios (en consecuencia, no se puede fijar un salario mínimo menor al vigente) y ordena establecer mecanismos que incluyan la consulta con las organizaciones representativas de empleadores y trabajadores. Es decir que, de todas maneras, debe haber consulta tripartita. Y tampoco es fácil denunciarlo. Solamente se puede hacer al final de los períodos de 10 años que se cuentan a partir de su entrada en vigor. Y el actual período finaliza en 2013.

Adicionalmente, en el Capítulo Laboral del TLC con Estados Unidos, el salario mínimo aparece entre los derechos laborales tutelados por el tratado. Las partes se comprometen a que no modificarán las normas relativas a esos derechos para incentivar el establecimiento o retención de inversiones. De manera que, aun cuando se modificaran las normas del derecho interno, las disposiciones de ese capítulo no permiten una reforma como la ofrecida por el Presidente.
En cuanto a los aspectos prácticos, existen diferencias en los salarios que se pagan en áreas más deprimidas con respecto a las de mayor desarrollo relativo. Por ejemplo, en Chisec se pagan Q30 diarios; en Sacapulas, Q40, mientras que en Sololá y Chichicastenango se pagan Q60; en Teculután y Río Hondo, entre Q55 y Q65. Entonces, ¿por qué no se establecen empresas en Chisec, en lugar de hacerlo en Teculután? Porque el costo de la mano de obra barata no es el factor principal para localizar las inversiones. La infraestructura vial, energía eléctrica, personal calificado, acceso a suministros, así como al mercado de consumo o a los puertos, entre otros, son los factores que tienen un peso mayor. Aparte de que la competitividad basada en la mano de obra barata es espuria y pasajera, se necesita mucho más que salarios bajos para generar empleo en zonas como el norte de Quiché o Huehuetenango.

Pero el mayor problema es que los alcaldes son muy vulnerables a las presiones populares (véase si no la imposibilidad de ajustar las tasas por los servicios) y las decisiones que eventualmente tomen en materia salarial estarán, en muchos casos, influenciadas por esas presiones. Se darán casos en que les exigirán, y ellos no podrán negarse, convocar consultas para fijar salarios basados en el costo de la canasta básica, con lo que saldría el tiro por la culata, pues se llegaría a salarios irreales. En conclusión, el sistema actual, basado en la búsqueda previa del consenso y, se logre éste o no, en una decisión de la autoridad competente, si bien imperfecto, es el más adecuado para la realidad de nuestro mercado laboral, donde los trabajadores carecen de poder de negociación.