REPROBADO EN SEGURIDAD, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Factor Méndez Doninelli
Guatemala, 19/12/08


“La situación actual de Guatemala está caracterizada por el deterioro de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en un contexto de extendida pobreza y gran debilidad del Estado para cumplir con sus obligaciones constitucionales en esos ámbitos, pero sobretodo para garantizar el derecho a la vida y a la seguridad de los habitantes.”
Sergio Morales Alvarado, Procurador de los Derechos Humanos.

El balance del primer año de la administración del Presidente Álvaro Colom cierra con saldo negativo, debido a que la situación imperante en el país, en materia de seguridad pública, administración de justicia, respeto y observancia de los derechos humanos indica que el gobierno de la UNE ha sido incapaz de ofrecer soluciones sostenibles y duraderas a la problemática endémica que aflige a la población guatemalteca. En términos de seguridad y justicia, el 2008 se caracterizó por el surgimiento de grupos armados que operan al margen de la ley en varios municipios y departamentos de la República, ejecutando acciones de “limpieza social” y cometiendo abusos contra la vida, integridad, seguridad y bienes de los habitantes. Por la falta de capacidad del Estado, para resguardar la soberanía nacional expresada en la operación impune de grupos que se presume vinculados a la delincuencia organizada trasnacional, que operan fuertemente armados, disponen de grandes recursos y pistas de aterrizaje para aeronaves, hechos evidentes durante los sucesos ocurridos en los departamentos de Zacapa y Huehuetenango ampliamente conocidos.

En todo proceso de construcción de la democracia, la seguridad pública, la correcta administración y aplicación de la justicia, la vigencia plena y respeto de los derechos humanos son parte esencial. En Guatemala el problema de la inseguridad pública sigue siendo uno de los más sensitivos para la población, que percibe la labor de las autoridades encargadas de velar por la seguridad y la administración de la justicia como ineficaz e ineficiente. A lo anterior se agrega la creciente corrupción en altas esferas del Estado, tal como el sonado escándalo por el robo descarado de 82 millones de quetzales, hecho por el que está procesado un ex presidente del Congreso de la República.

Las leyes nacionales y los instrumentos internacionales de derechos humanos avalan la seguridad de la persona, su vida, integridad, libertades y bienes. La Constitución Política de la República, artículos 1,2 y 3 garantizan: “El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común”. “Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.” “El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona.”

Queda la impresión de que las instituciones de seguridad y justicia del país están arrodilladas frente a la criminalidad, permeadas por la corrupción y protegidos por la impunidad. A lo largo del 2008 fuimos testigos de la participación de agentes y oficiales de la Policía Nacional Civil en hechos criminales y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Esto contribuye a desconfiar de las instituciones y está llevando al Estado al borde del colapso, debido a que no tiene respuestas claras y efectivas a la demanda de protección y seguridad que los habitantes exigimos.

En definitiva, cumplido el primer año con el gobierno de la UNE, se puede afirmar que la administración del Presidente Colom, resulta reprobada en las materias antes anotadas.